Cataluña y la falta de respeto a los tribunales

altcadv Mar, 13/07/2010 - 19:36

La justificación de la manifestación del pasado sábado era sencilla: el estatuto lo aprobaron el 73,9% de los que votaron. Y por lo tanto, lo que los catalanes aprueban, España y sus tribunales no tienen nada que decir. Aunque la participación no superase el 49,4%.
Es decir, con el 36,5% de apoyo real de los censados intentan imponerlo al 63,5% restante y no respetan la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Si bien dicen que el pueblo catalán lo aprobó (un tecnicismo, porque no votó a favor el 51% de los censados de esa comunidad autónoma), establece un beneficio claro para ellos en lo referente a la cantidad de dinero que se les destina en los Presupuestos Generales del Estado. Ha de ser proporcional al porcentaje que el Producto Interior Bruto (PIB) catalán representa en el español.
Demuestra una clara insolidaridad con el resto de un país que lleva soportando políticos nacionalistas catalanes egoistas en grado extremo, que siempre han pactado apoyos para la gobernabilidad que han conllevado más recursos economicos para esa región. Y todo porque el poder que da gestionar el dinero público les hace querer más y más. A tal punto, que quieren "decidir" para que ellos y solo ellos gestionen los recursos de su Comunidad Autónoma.
Aun así, si tal despropósito se llevase a cabo, no debemos olvidar que su PIB depende en gran parte de lo que el resto del país consume en productos producidos por Cataluña. Y que si mi Comunidad recibe menos porque a ellos no quieren ayudar, saltandose a la torera la solidaridad interterritorial, sabré lo que hacer para que mi dinero no contribuya a tal fin.
La reforma de la Ley Electoral entre PP y PSOE urge, para dar a esos nacionalismos una representación acorde a la realidad. Asimismo, articular el Senado como Cámara Territorial, para que se reparta el poder realmente con el Congreso, es muy importante para que los gobiernos no puedan llevar a cabo acciones propias de regímenes autoritarios, como lo es la aprobación del famoso Estatut, que se pasa por el arco del triunfo cualquier respeto a la Constitución y los Tribunales.